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27
SEP
2017

Boletín GPZ – Infraestructura

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Infraestructura

Actualmente, cursa en el Congreso el Proyecto de Ley 285 de 2017C- 084 de 2016S “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. La iniciativa prevé las siguientes modificaciones a la Ley 1508 de 2012 o Ley de APP:

Se amplía a las entidades territoriales la posibilidad de reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto de APP, originalmente restringida al orden nacional.

Cabe anotar que esta modificación reconoce lo señalado en sentencia C-346 de 2017, por medio de la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “del orden nacional” contenida en el texto original de este parágrafo, al considerar que la restricción era injustificada e innecesaria.

Adicionalmente, se modifica el parágrafo 5° del artículo para admitir la posibilidad de establecer unidades funcionales de aeropuertos y plantas de tratamiento de aguas residuales, en virtud de las cuales requerirá únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución.

El artículo 17 del proyecto de ley propone modificar el artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 en el sentido de permitir que el Distrito Capital, los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y los departamentos de categoría especial y/o sus entidades descentralizadas, puedan celebrar contratos que requieran recursos públicos bajo el esquema de APP durante el último año de gobierno.

Resultará polémica esta modificación, ya que establece una diferenciación entre las entidades territoriales puede no ser bien recibida, y de otra parte, porque existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la exequibilidad de la restricción.

En efecto, en sentencia C-346 de 2017, la Corte consideró que la limitación temporal para celebrar contratos bajo el esquema APP durante el último año de gobierno guarda coherencia con el régimen presupuestal y busca asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución del programa del gobierno siguiente. Así, de ser aprobada esta modificación, la misma podría ser posteriormente declarada inexequible por la Corte Constitucional con base en los fundamentos expuestos en la sentencia referida.

Se adiciona un parágrafo al artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, aclarando que en el evento en que la terminación del contrato de APP se deba a la nulidad absoluta del contrato estatal, habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones ejecutadas.

El parágrafo además da cuenta de los conceptos que han de considerarse en la liquidación del contrato: las inversiones y gastos ejecutados por el contratista, necesarios y asociados al desarrollo del objeto del contrato.

Adicionalmente y como algo realmente novedoso, se vincula a la Superintendencia de Sociedades al proceso de liquidación para garantizar la protección de terceros acreedores de la sociedad concesionaria.

Este artículo tiene varias proposiciones en curso por parte de Asobancaria y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, las cuales buscan proteger los derechos de los prestamistas cuando se presenten situaciones de nulidad en los contratos de app.

El proyecto de ley busca aclarar la responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria de los Interventores, en el sentido de especificar que la misma será procedente exclusivamente respecto de perjuicios que provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del interventor de las obligaciones que están a su cargo en virtud del contrato de interventoría.
El proyecto prevé la posibilidad de que el reglamento que se expida en materia de precalificación para los proyectos de APP establezca mecanismos para excluir a los precalificados que no participen en la realización de estudios adicionales.
Finalmente, el artículo 20 del proyecto de ley incluye un artículo con los parámetros que han de tenerse en cuenta para determinar los costos de evaluación de los proyectos de iniciativa privada tanto en etapa de pre-factibilidad como en la de factibilidad.

Dichos costos no podrán ser superiores al 0.2% del CAPEX del proyecto y el manejo de los recursos destinados a la evaluación del proyecto, corren por cuenta y riesgo del originador y serán administrados a través de un patrimonio autónomo.

Tratándose de las iniciativas privadas que no requieren desembolso de recursos públicos, previstas en el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, para que las entidades territoriales puedan presentarlas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de ley requiere la validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación del gobernador o alcalde de la entidad territorial.

Más información :
María Alejandra Mora – Infraestructura
Email: mmora@gpzlegal.com
Paola A. Larrahondo C. – Infraestructura
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